Inmerso en la campaña electoral que le entregaría el trofeo de la reelección indefinida, Hugo Chávez afirmó tajantemente que el país estaba blindado contra la crisis financiera internacional, de hecho el 13 de enero voceó desafiante que "en cuanto al gasto público, en cuanto a los programas sociales de 2009, incluso les digo, si me ponen el petróleo a cero, me tomo este vaso de agua".

El 22 de marzo, Finanzas agregó cifras al discurso oficial y aseguró que sólo en el Fonden, una cuenta donde el Gobierno almacena petrodólares para cubrir proyectos de inversión, el país tenía a su disposición un tanque de 57 mil millones de dólares.

No obstante, se multiplican las señales de escasez. Sólo en las últimas dos semanas, sectores como Cavelácteos, la Industria del Envase y la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes han dejado en claro que desde hace meses no reciben divisas para importar insumos.

Al mismo tiempo, los rectores de las principales universidades señalan que por la falta de recursos se verán forzados a suspender la investigación; Pdvsa anuncia que reducirá costos y gastos en 64,7%; la CVG se atrasa en el pago a los proveedores y no cesan las protestas laborales en distintos frentes.

Todo apunta a que el blindaje al que hizo referencia Hugo Chávez cede velozmente ante la pérdida de brillo del petróleo, producto que provee 94 de cada 100 dólares que ingresan al país y la mitad del ingreso nacional.

La caída en la demanda de energía de las principales economías del planeta determina que la cesta petrolera venezolana promedie este año 43 dólares por barril, una magnitud que proyecta para este año un ingreso de 32 mil millones de dólares versus 87 mil millones en 2008, un declive de 63%.

Si bien el impacto de la caída del petróleo es importante, hay que tomar en cuenta que estadísticas oficiales señalan que los dólares disponibles en la billetera del Gobierno no se asemejan a lo declarado durante la campaña electoral.

Mucho menos La memoria y cuenta del Ministerio de Finanzas registra que al cierre de 2008 los recursos disponibles en el Fonden, aun no asignados a determinados proyectos, sólo representaban 7 mil millones de dólares, una cifra enana en comparación con los 50 mil millones que anunció el Ministerio de Finanzas.

El balance auditado del Banco del Tesoro también arroja luces, e indica que a diciembre del pasado año, Fonden, Bandes, la Oficina Nacional del Tesoro y el Fondo Nacional de los Consejos Comunales tenían colocado en el fideicomiso que administra este organismo inversiones en divisas por el orden de 12 mil 500 millones de dólares.

De este monto, unos 8 mil 700 millones de dólares están invertidos en papeles de corto plazo, mientras que 3 mil 800 millones están colocados en distintas notas estructuradas.

Recorte y deuda Las medidas que ha tomado la administración de Hugo Chávez desnudan que existen problemas para cuadrar el presupuesto de este año y por eso se enfocan en la reducción de gastos y en acciones para incrementar el ingreso.

Cadivi, el organismo encargado de distribuir las divisas al tipo de cambio oficial a todos los sectores de la economía, redujo en 28% la entrega de dólares durante los dos primeros meses de 2009; el Gobierno ejecutará un gasto de 72 mil millones de dólares, lo que se traduce en un descenso de 15% respecto a 85 mil millones en el pasado año y la tasa del IVA fue ajustada al alza en 3%.

Además, la Asamblea aprobó una ley que permitirá que el Gobierno central se endeude vendiendo bonos dentro del país, en 37 mil millones de bolívares, unos 17 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial.

A la vez, el Parlamento dejó abierta la puerta para que institutos autónomos también se endeuden mediante la oferta de papeles, como una forma de aumentar los recursos.

En otra medida para sumar dinero a las cuentas públicas, el Banco Central de Venezuela transfirió 12 mil millones de dólares de las reservas internacionales a comienzos de año.

A contracorriente A diferencia del Gobierno venezolano, el resto de las principales economías de la región aplican una receta que consiste en aumento de gasto y rebaja de impuestos, para estimular el consumo y mantener encendido el motor de la economía.

La economía venezolana, bajo el impacto del estancamiento de la inversión privada y la caída del ingreso petrolero, comenzó a desacelerarse fuertemente y en el cuarto trimestre de 2008 creció 3,2%, dejando muy atrás el salto de 11,4% en 2006.

Analistas consideran que ante la falta de recursos, el gobierno de Hugo Chávez no está en condiciones de aumentar el gasto, rebajar los tributos e inyectar suficientes divisas, de tal forma que lo previsible es que el crecimiento continúe enfriándose en 2009.

El Universal

Por considerarlas contrarias a los principios fundamentales de la Constitución, los decanos de Derecho de ocho universidades nacionales rechazaron la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización y la aprobación de la Ley Especial del Distrito Capital.

En una declaración que emitieron tras concluir su XXV reunión, celebrada en Maracaibo (Zulia), los catedráticos fustigaron la modificación que permitió al Gobierno central recentralizar las competencias en materia de gestión de puertos, aeropuertos y de las carreteras y autopistas, las cuales estaban en manos de las gobernaciones.

"La forma federal del Estado venezolano, así como el principio y mandato constitucional de descentralización, se oponen a tales decisiones", afirmaron los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del Zulia, Católica Andrés Bello, Monteávila, Santa María, Carabobo, Fermín Toro, Metropolitana y de Margarita, Diana Romero, Jesús María Casal, Eugenio Hernández, Inocencio Figueroa, Juan José Ramos, Pablo Chiossone, Rogelio Pérez Perdomo y Marisela Prieto, respectivamente.

En el escrito los juristas desestimaron el argumento oficial, según el cual la reversión de las competencias estaría permitido en el principio de colaboración entre las distintas ramas y niveles del Poder Público. "La coordinación con el Ejecutivo nacional establecida por la Constitución no autoriza una supresión de las referidas competencias estadales", replicaron.

Asimismo, cuestionaron la creación de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital y que se le transfieran a esa autoridad, designada por el presidente de la República, funciones y recursos del Distrito Metropolitano de Caracas.

"Esta determinación legislativa vulnera el carácter electivo del gobierno de todas las entidades políticas de la República, el principio y mandato constitucional de descentralización y la voluntad popular que encomendó al actual alcalde metropolitano el ejercicio de tales competencias y la administración de esos recursos", agregaron los expertos.

Preocupación por la justicia Los decanos también criticaron la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, por considerar que afectará "la independencia de los tribunales".

El texto crea una comisión que estará integrada por representantes de cuatro de los cinco poderes públicos, la cual se encargará de diseñar las políticas en materia de formulación y ejecución presupuestaria y de formación de los funcionarios de los órganos de administración de justicia.

Asimismo lamentaron que la participación ciudadana "haya quedado circunscrita a lo que la ley denomina órganos del Poder Popular, concepto este ausente de la Constitución y que suele ser invocado con una connotación que excluiría a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y a otras organizaciones de la sociedad".

Siguiendo en el ámbito judicial, los catedráticos se refirieron al uso de los tribunales para perseguir a adversarios políticos del Gobierno y exigieron ponerle fin a esta situación.

"Toda persona, sin distingo político alguno, tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o en la determinación de sus derechos u obligaciones", recordaron.

Por último, pusieron la lupa sobre la reestructuración del Poder Judicial decretada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en marzo pasado y aseveraron que la misma no contribuirá a mejorar la confianza en los jueces, pues la misma "pone en entredicho la estabilidad de todos" ellos.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL