A medida en que el presidente Hugo Chávez avanza en su carrera hacia la reelección indefinida, los ataques a opositores, estudiantes, disidentes y medios de comunicación se han recrudecido en Venezuela, con denuncias inéditas de violencia política que están encendiendo las alarmas.

En las últimas tres semanas que han seguido a las elecciones regionales de noviembre, diversas organizaciones y personalidades de la oposición y la disidencia, del movimiento estudiantil y de los medios de comunicación, han denunciado una serie de agresiones de grupos prochavistas, incluso con explosivos y armas de fuego.

"Es una reacción agresiva que se está agudizando en Venezuela'', declaró Américo Martín, analista y líder opositor que fue guerrillero en la década de 1960.

"Son ataques inspirados, al igual que los grupos de respuesta rápida y los actos de repudio en Cuba, en un modelo fascista'', puntualizó el analista a El Nuevo Herald.

Aunque hasta ahora no se han producido víctimas mortales, los ataques han dejado un saldo de varios lesionados y heridos.

En algunos casos las autoridades han rechazado los actos de violencia, pero con frecuencia han evitado condenar directamente a los implicados.

Julio Montoya, dirigente del opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), aseguró en una entrevista que "estamos en presencia de la persecución política más atroz y aberrante de los últimos años en el país''.

Uno de los casos recientes es el de la ex candidata a la gobernación de Guárico, Lenny Manuit, una disidente del chavismo que terminó hospitalizada luego de que dos funcionarios policiales la golpearan el 12 de diciembre.

"La intención no fue robo, la intención fue amedrentar, esa es la conclusión a la cual yo llego'', denunció la propia Manuitt, en declaraciones a la prensa. Expresó además temor por la seguridad de su familia.

En una reacción inmediata a los hechos, el nuevo secretario de gobierno de Guárico, general Roger Cordero, dijo que ordenó una investigación "a fondo'', y negó que se tratara de una venganza política.

"No pretendemos agredir ni perseguir a nadie, es un asunto de seguridad ciudadana y lo estamos atendiendo como tal'', dijo Cordero.

En otro hecho violento a principios de este mes, militantes de la agrupación radical prochavista "Tupamaro'' atacaron con bombas lacrimógenas el salón donde se juramentaba el opositor Lester Rodríguez, nuevo alcalde de Mérida, en la región andina, al tiempo que gritaban "Chávez no se va''.

La semana pasada, mientras tanto, Gustavo Villasmil, el nuevo director de Salud del estado Miranda, donde triunfó la oposición, denunció que el gobierno utilizó ??militantes políticos y personal de tropa del ejército'' para tomar el control del hospital regional Victorino Santaella, que fue transferido en un decreto de última hora al control del gobierno nacional, en medio del rechazo general de los empleados.

"Con especial saña se pasearon con motocicletas por los pasillos y oficinas, para producir presión entre los empleados'', declaró Villasmil.

Del mismo modo, varias alcaldías ganadas por candidatos opositores en todo el país fueron objeto de actos vandálicos sin precedentes, incluyendo saqueos y destrozos.

En la última semana, los estudiantes universitarios también han sido objeto de ataques violentos.

El martes pasado, grupos de simpatizantes chavistas atacaron una concentración de estudiantes y líderes opositores en una plaza céntrica de Caracas, durante un acto de instalación del grupo de voluntarios "Defensores de la Constitución'', bajo la coordinación del ex alcalde de Chacao, Leopoldo López.

El encuentro terminó luego de que los activistas prochavistas comenzaron a lanzar piedras y botellas. Poco después, tres estudiantes fueron atacados violentamente por grupos de choque que los acusaban de "golpistas''. Douglas Barrio, estudiante de la Universidad Metropolitana; Juan Andrés Mejías, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar; y Diego Falcón, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, recibieron golpes y patadas, según denuncias policiales consignadas posteriormente.

Al día siguiente, el miércoles 17, un acto conmemorativo por la muerte del héroe patrio Simón Bolívar a unos pasos de la Asamblea Nacional, culminó en un zafarrancho con saldo de varios estudiantes con brazos dislocados y moretones.

"Mientras leíamos la proclama, comenzamos a escuchar gritos de personas que se acercaban por los lados, nos rodearon frente a la estatua de Bolívar y comenzaron a agredirnos'', relató Bernardo Pulido, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en una entrevista con la televisión local.

David Smolansky, también líder estudiantil de la UCAB, dijo que "fuimos agredidos tanto verbal como físicamente por grupos del oficialismo''.

Otros estudiantes corrieron con la misma suerte. En Valencia, en el centro del país, varios universitarios fueron apaleados por activistas vestidos de rojo, sin que lo impidiera un piquete de la Guardia Nacional que se encontraba en las cercanías.

"Destrozaron nuestras ofrendas y pancartas'', denunció Carlos Graffe, estudiante de la Universidad de Carabobo. "Pero vamos a seguir en las calles''.

Otro sector que ha sufrido un ataque sistemático, según las denuncias, ha sido el de un grupo de conocidos periodistas y medios de comunicación que han expresado una abierta crítica al régimen chavista.

A la cabeza de las denuncias están el canal televisivo Globovisión y el rotativo El Nacional, cuyos directores han ido calificados de "conspiradores'' y "magnicidas''.

La posible revocación de la concesión televisiva a Globovisión, actualmente en manos del oficial Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha generado críticas de organizaciones que van desde Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), a nivel nacional, hasta la propia conferencia de obispos católicos del país.

"Manifestamos nuestra preocupación por la apertura de dos procedimientos administrativos en contra de Globovisión. Hacemos votos por que, sin retaliaciones políticas de ninguna clase, prevalezca la justicia y la objetividad'', escribieron los obispos venezolanos el pasado 12 de dciembre.

En una acción sin precedentes a fines de noviembre, el colectivo La Piedrita, un grupo armado que opera abiertamente en el populoso barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas, y que se califica de revolucionario y prochavista, hizo circular una lista en la que declaraba a importantes periodistas como "objetivos militares'', por su oposición al régimen.

Entre los mencionados se encuentra Martha Colomina, académica de la comunicación, conductora de programas radiales de opinión y articulista del diario El Universal de Caracas. El pasado 1 de diciembre, varios activistas de La Piedrita lanzaron una bomba lacrimógena y realizaron disparos al aire en la residencia de Colomina. En varios panfletos distribuidos en el lugar, los activistas declararon a la periodista "objetivo de guerra''.

Las agresiones se produjeron a pesar de que la periodista fue objeto de una medida cautelar de protección ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al gobierno venezolano a garantizar su seguridad.

A mediados de año, La Piedrita atacó con bombas lacrimógenas a las sedes del diario El Nuevo País y el canal Globovisión, y ha sido señalada de dirigir atentados explosivos contra la sede de la patronal Fedecámaras.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó en un comunicado los ataques contra Colomina y denunció "la existencia de una ofensiva política llevada adelante por el oficialismo a través de todos los instrumentos coercitivos del Estado, con el objeto de amedrentar a la oposición y la población civil que no está alineada con sus intereses y objetivos''.

El CNP dijo además que el gobierno emplea "un esquema de terrorismo de Estado de baja intensidad'' contra todo el que se le opone.

Otro de los periodistas que ha recibido serias amenazas es Miguel Angel Rodríguez, conductor de un popular programa de entrevistas en el canal RCTV Internacional, cuya concesión fue revocada por orden del presidente Chávez el año pasado, y que ahora se transmite por cable.

Rodríguez denunció esta semana que las autoridades del gobierno chavista habían ordenado a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y la policía política Disip, una operación conjunta para "neutralizarme'' o "involucrarme en asuntos de conspiración'' o "drogas''.

El periodista citó fuentes del entorno del presidente Chávez, para afirmar que sus teléfonos y sus movimientos están constantemente vigilados, y que existe la orden de usar incluso "medios no ortodoxos'' para lograr su "neutralización''.

Adicionalmente mencionó los apellidos de dos coroneles de la inteligencia militar, que estarían a cargo de la operación.

Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha desmentido ni emitido comentarios sobre la denuncia del periodista de RCTV Internacional.

Varios de los episodios de ataques contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos, han sido transmitidos "en vivo y en directo''.

En uno de ellos, en el estado Carabobo, cuyo nuevo gobernador es el opositor Henrique Salas Feo, un grupo de periodistas y fotógrafos que cubrían la juramentación del nuevo Consejo Legislativo resultaron golpeados por simpatizantes del chavismo. Los ataques fueron transmitidos en los noticieros de la televisión privada.

En un comunicado emitido el pasado 10 de diciembre, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría, advirtió a los periodistas que deben tomar medidas y exigir respeto, porque "a medida que estemos en una nueva campaña electoral, se van a agudizar estas acciones''.

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