SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Limitar a los presidentes de las cámaras legislativas la calidad para demandar en inconstitucionalidad leyes y contratos que incumplan el trámite fijado por la Constitución, como lo hace la Suprema Corte de Justicia en el caso de la Sun Land, constituye un severo retroceso en los derechos ciudadanos.

La opinión fue vertida por el movimiento cívico Participación Ciudadana al evaluar las consecuencias de la decisión de la SCJ respecto de los recursos en inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo contra el contrato por 130 millones de dólares entre el Estado y la empresa Sun Land por no cumplir con el requisito constitucional de ser conocido y aprobado por el Congreso.

Para la entidad, el presupuesto en el que se basa la sentencia deja en la indefensión a la ciudadanía en circunstancias, como es el caso actual, en que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados pertenezcan al partido oficial.

?Esta decisión implica una pérdida importante del espacio ganado por la ciudadanía a través de decisiones anteriores de la propia Suprema Corte de Justicia, en las que se había reconocido la calidad de parte interesada a cualquier ciudadano que demande o denuncie la inconstitucionalidad de cualquier ley, decreto, resolución o acto, como bien lo expresan los magistrados Bergés, Esmurdoc y Suárez en el voto disidente que acompaña la sentencia comentada?, añade.

La debilidad jurídica de la sentencia es también relevada por Participación Ciudadana que señala que, no obstante haberse impuesto el criterio de la falta de calidad de los demandantes, los jueces debieron admitir que el Poder Ejecutivo violó la Constitución al no somete el contrato de marras a la aprobación congresional.

Rebate asimismo el criterio sustentado por cuatro de los magistrados ?Luciano Pichardo, Hugo Álvarez Valencia, José Hernández Machado, Margarita Tavarez y Darío Fernández? de que los recursos eran inadmisibles porque el contrato impugnado había sido rescindido y porque las obligaciones contraídas en él por el Estado no representaban un crédito público.

Al respecto dice Participación Ciudadana que, ?por suerte?, no fue este el criterio que prevaleció porque, de haberlo hecho, ?hubiese permitido al Poder Ejecutivo endeudar al Estado a través de puros subterfugios financieros?.

La declaración de Participación Ciudadana terminara reiterando el reclamo al Poder Ejecutivo de que informe al país sobre "la suerte de los pagarés firmados, quién es el acreedor, a cuánto asciende el monto adeudado y los intereses que genera el capital, y si la Sun Land entregó al Estado la carta de crédito irrevocable por 41 millones de dólares a la que se obligó de acuerdo con el contrato de revocación, para garantizar el pago de los pagarés en manos de terceros".

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