NOTA DE PRENSA

Esto expresan la conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), la Universidad Centroamericana ?José Simeón Cañas? (UCA) y su Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), la agencia de cooperación para el desarrollo sostenible Oxfam América y la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, el Foro Nacional del Agua y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica , que aglutinan a más de cien instituciones y organizaciones ciudadanas que trabajan en la defensa del medio ambiente.

Con el propósito de presionar al gobierno para conseguir permisos de explotación de metales preciosos, dichas compañías extractivas intensifican una campaña propagandística anónima, con mensajes engañosos y discriminatorios que ofenden la dignidad humana y violentan los principios elementales de la ética publicitaria.

En ese afán, y ante su evidente falta de argumentos técnicos y científicos, esas empresas denigran a quienes advierten sobre los peligros de la minería. Blanco de estos ataques verbales han sido el Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, y monseñor Richard Antall, uno de sus más cercanos colaboradores; el rector de la UCA , padre José María Tojeira; el oficial de programas de Oxfam América, Andrés McKinley; Francisco Pineda y otros miembros del Comité Ambiental de Cabañas (CAC).

Así, empresas extractivas podrían incitar a la violencia al provocar la ira de sus empleados contra los opositores a la contaminación de la minería. Es lamentable que algunas empresas mineras culpen a dirigentes de la Iglesia Católica , representantes de la cooperación internacional y a líderes comunitarios por la falta de permisos ambientales, cuando son ellos los que no logran demostrar la factibilidad de sus proyectos.

Ante tal situación, las autoridades correspondientes deben investigar y proceder judicialmente contra los directivos de compañías extractivas que engañan a la población con la inexistente ?minería verde?. El gobierno, por su parte, debería rechazar esta industria, dada su inviabilidad ambiental, social y económica en El Salvador, tal como lo plantearon el anterior ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, y la Comisión Nacional de Desarrollo (CND).

Las críticas a la minería metálica en el país, expresadas por universidades como la UCA , se basan en la desventajosa relación costo-beneficio donde los reducidos y temporales aportes económicos en empleos, pago de regalías y financiamiento de algunas obras locales, no compensan los enormes daños ambientales, conflictos sociales y pérdidas en la productividad, que provocaría la extracción de oro y plata. Además, la contaminación del agua, aire y suelo con cianuro, metales pesados y drenaje ácido que generan las minas, constituye una grave violación al derecho a un medio ambiente sano y pone en peligro el cumplimiento del derecho a la vida.

Por eso la CEDES propone, en su célebre declaración ?Cuidemos la Casa de Todos?, cuidar y defender la habitación que Dios nos dejó y que ahora está amenazada por la contaminación de la minería de metales. Este planteamiento coincide con la perspectiva de las comunidades, instituciones y organizaciones de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos y del Foro del Agua, que respaldan la lucha de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. El objetivo de estos tres espacios de acción ciudadana es alertar al país entero sobre el grave riesgo que representa la explotación minera, pues los 29 proyectos en fase de exploración se ubican en la zona norte, sobre la cuenca del Río Lempa. Por tanto, afectarían nuestra principal reserva estratégica de agua y contaminarían el afluente de donde proviene el 50% del agua potable del Área Metropolitana de San Salvador.

Oxfam América señala que estudios realizados por destacados investigadores como Jeffrey Sachs y Andrew Warner, de la Universidad de Harvard; Michael Power, de la Universidad de Montana; Michael Ross, de la Universidad de California; y del mismo Banco Mundial, evidencian una relación directa entre minería de metales y pobreza. Experiencias en su trabajo en comunidades afectadas por la minería en Asia, África, Estados Unidos y América Latina, respaldan este planteamiento. En El Salvador, esto sería particularmente catastrófico por la pequeñez territorial, la alta densidad poblacional, la crisis hídrica, la falta de normativas adecuadas y la incapacidad institucional para monitorear las actividades mineras. Los daños de antiguas explotaciones mineras en el nororiente del país y el impacto de las exploraciones de Pacific Rim en Cabañas, son claras señales de esto.

Por todo lo anterior, expresamos nuestro rechazo a la minería de metales en el país y convocamos a la sociedad en general para que, junto a la Iglesia Católica y al resto de entidades que participan en este esfuerzo, defendamos el agua, el medio ambiente y la vida amenazada por la explotación minera.

San Salvador, martes 8 de julio del 2008.