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A pesar de que su efecto en el ámbito futbolístico se está dejando sentir ahora, la Ley de Ordenación Económica y Concursos lleva vigente desde el año 2003. En el contexto que nos ocupa, su objetivo principal es proporcionar viabilidad a una sociedad que se enfrenta a deudas que en principio no puede pagar. Antes de la promulgación de la ley, una sociedad que se encontraba en situación desesperada acababa declarando suspensión de pagos, se disolvía y sus bienes eran embargados. En el caso de los clubes de fútbol, en particular, la denuncia por impago a los futbolistas conllevaba el descenso de categoría.

Con la nueva legislación, en cambio, la situación es bien diferente. Si una sociedad (o club) con graves problemas económicos decide acogerse a la Ley Concursal y el juez acepta la petición, se lleva a cabo un concurso de acreedores y son nombrados tres administradores que fiscalizan en lo sucesivo las cuentas de la sociedad. Dichos administradores no toman las riendas del club ?como ocurrió hace años con el Atlético- sino que supervisan los gastos del Consejo de Administración, que sigue ejerciendo su labor. El objetivo es que los gastos no superen a los ingresos, liquidar a corto plazo el 50% de la deuda y pactar con los acreedores el resto de los pagos en un periodo de tiempo más largo ?máximo cinco años; esto es el llamado coloquialmente ?quita y espera?. Si los pagos no se afrontan o la actitud del Consejo es inapropiada, el juez puede dar todo el poder del club a los administradores e, incluso, disolver la sociedad, aunque esto se considera una medida extrema.

El punto más relevante es que durante el tiempo en que el club esté bajo supervisión, no pueden efectuarse embargos ni ejecuciones hipotecarias, ni tampoco presentarse denuncias por impago. Dicho de otro modo, la ley garantiza un plazo de supervivencia a clubes que de otro modo se encontrarían al borde del abismo, y le garantiza un tiempo para buscar inversores que recuperen la solvencia de la sociedad. La posibilidad de que, en un momento dado, estas inversiones puedan ser públicas es lo que ha hecho que se hable en ciertos foros de un ?plan de saneamiento encubierto?. Los mayores beneficiados por supuesto, son los clubes, que para empezar espantan ?al menos a corto plazo- el fantasma del descenso administrativo, y ya han sido varios los que se han acogido en las últimas fechas a esta Ley: Málaga, Alavés, Levante, Las Palmas, Celta, Sporting y Real Sociedad.

Los paganos de la nueva legislación, en cambio, son los acreedores, que ven cómo disminuyen las posibilidades de recuperar el dinero que se les debe, y menos en un intervalo relativamente corto de tiempo. Entre ellos, sin duda, hay que destacar el caso de los futbolistas, que ven cómo la gran arma de que disponían contra los clubes morosos ?la denuncia por impago- ha dejado de ser efectiva. Además, si un equipo se ha acogido a la Ley Concursal, sólo una parte de los salarios que se adeuden a los futbolistas deberá ser satisfecho a corto plazo, mientras que el resto se considerará deuda ordinaria y habrá de ser negociada junto con todos los demás pagos que tenga que hacer el club. Un proceso este último que puede durar años.

La situación se agrava para los futbolistas por la falta de convenio colectivo. A mediados de los 80, AFE y LFP pactaron un fondo de garantía salarial que permitía cobrar a los jugadores durante los periodos en que sus clubes no les pagaran. Dicho convenio no ha sido renovado, y los futbolistas temen que , en su ausencia, la mencionada Ley pueda tener efectos terribles para sus intereses. Efectivamente, nada parece protegerles en el momento actual si su club decide no pagarles y se acoge a la Ley Concursal; podrían pasarse meses sin ver ni un euro, como de hecho ya le ocurrió la temporada pasada a los jugadores del Levante. La reivindicación de los jugadores es clara, pues: renovación del convenio y reforma de la Ley. No parece que la LFP se avenga de momento a negociar, y la huelga se dibuja en lontananza. Estaremos atentos, pues.