Según los números representados por la grafica que ilustra la primera página de la última entrega del semanario CLAVE, desde mediado del 1998 se inicio un vertiginoso salto en el número de empleados públicos que alcanzo el 30 % para el 2007.

Este notable crecimiento coincide con dos hechos: la privatización a gran escala de empresas estatales con base a la Ley de Capitalización de las Empresas Publicas (Ley 147-97) durante el primer Gobierno del doctor Leonel Fernández y ? irónicamente-, con el auge del discurso, proyectos y préstamos internacionales (BID, ONFED, Banco Mundial, etc.) dizque para la ?modernización del Estado?.

Pero, ese boom burocrático tiene sobre la sociedad dominicana más consecuencias que las de ser meras cargas muertas para el área fiscal.

Primero, todo el afán de ?modernización del Estado? se motiva en la necesidad de hacerlo más eficiente en sus funciones administrativas y de proveedor de servicios públicos esenciales.

En décadas pasadas se citaba a los bajos sueldos de los empleados públicos como la causa principal de su baja motivación y pobre calidad de su desempeño. Hoy sabemos que esa no es toda la verdad. En los últimos anos, como expresión de un cierto relajamiento de nuestro sistema gubernamental, un gran número de funcionarios públicos está recibiendo elevados salarios y jugosos ?incentivos? que no guardan ninguna relación con calidad profesional sino con corrupción y pago de favores políticos.

Entonces, suena a pura falacia o simple canto demagógico todo discurso pro competitividad de la economía si el sector responsable de incentivarlo, regularlo y facilitarlo ? el sector público- es un paradigma de atraso y dispendio. Por lo menos, con esa situación es muy forzoso hablar de ?competitividad sistémica? ya que el sistema burocrático y de servicios estatales es, como es sabido, un componente fundamental de la misma.

Esas deformaciones burocráticas, que podría parecer acciones coyunturales electoreras tienden a convertirse en permanente rémoras que crecen cíclicamente con cada nuevo gobierno que las reproduce o amplia.

Y esas deformaciones tienen también su impacto en el comportamiento de los políticos y sus partidos: políticas de alianzas, contenido del rol opositor y endurecimiento de posiciones anti reformas que pongan en peligros el acceso fácil a las ubres del poder.

Pero, por otro lado, la cuestión principal es como lograr en esas condiciones la conformación de una burocracia de Estado capaz de manejar con eficacia las cada vez más complejas realidades que enfrenta la sociedad dominicana.

Esa burocracia pública tiene ante sí el reto de manejar con acierto las complejidades de la crisis del servicio eléctrico, la aguda problemática de un servicio educativo inequitativo, con déficit de cobertura y en una ruina profunda en su calidad; un servicio de transporte publico caótico y súper caro, un servicio de seguridad publica prácticamente desbordado por la criminalidad, grandes amenazas de tipo sanitario y ambiental, el problema de regulación y control migratorio, las invasiones del narcotráfico, entre otros muy delicados problemas que requieren para su manejo gran pericia técnica e idoneidad ética.

¿Cómo salir airoso de esas amenazas con un sistema de gestión pública enteramente entregado a la politiquería y al clientelismo?

Este tren de relajamiento del sistema de empleos públicos en que nos lleva el doctor Fernández, en tiempos de grandes reclamos de competitividad y cero despilfarros es, en términos llanos y cara al futuro, una acción de suicidio nacional a través de la burocracia.

lunes, 15 de septiembre de 2008