"Al tomar conocimiento de la denuncia, los tres vocales nacionales remitieron ante el Fiscal General de la República, Mario Uribe, los documentos aportados por la diputada Lazarte", señala el boletín de la Corte.

Lazarte denunció que en una zona rural de Cochabamba (centro) la entrega de cédulas gratuitas funcionó en una sede de campaña del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y presentó un informe del 2007 de un funcionario que admite que se elaboraron documentos con fotografías de paisajes en lugar de personas.

Además, reflotó una denuncia sobre la vulnerabilidad del sistema de identificación gratuita realizada en 2006, cuando la diputada pidió a dos personas que ya tenían cédulas de identidad conseguir dos más en la zona cocalera del Chapare, lo cual fue posible sin problemas, recordó.

Según el Gobierno, Venezuela donó equipos y financió en 2006 y 2007 el programa de cédulas gratuitas y funcionarios venezolanos fueron en su momento parte de la coordinación, pero aseguró que en 2008 el plan es manejado solo por bolivianos.

Lazarte dijo hoy a Efe que anoche obtuvo además reportes del padrón electoral en los que se demuestra, como ejemplo, que dos personas diferentes figuran inscritas con el mismo número de cédula.

Todas las denuncias se presentan en medio de la pelea que encaran algunos sectores de la oposición con el oficialismo para detener el referendo revocatorio convocado para el próximo 10 de agosto.

La consulta tendrá alcances sobre el mandato del presidente Evo Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y los prefectos (gobernadores regionales) del país.

"Estas denuncias deben parar este proceso electoral porque el padrón está contaminado", agregó Lazarte, cuyo partido Podemos, no obstante, fue el que aprobó en el Senado una ley para dar luz verde a la consulta.

Las denuncias fueron rechazadas en parte por el coordinador del programa, Miguel Ángel Albarracín, quien solo reconoció como una "irregularidad" el hecho de que un funcionario regional, que ya fue destituido, haya entregado cédulas en una sede del MAS.

Albarracín dijo a un canal de televisión que las otras denuncias de Lazarte son "mentiras" y aclaró que los funcionarios venezolanos ya no participan en la coordinación del programa.

Albarracín presentó además denuncia contra la diputada Lazarte por instigación pública a delinquir y falsedad material por haber promovido en 2006 que dos personas hayan obtenido cédulas diferentes a pesar de tener las suyas.

Según Lazarte, tuvo que recurrir a esa acción para probar que el programa era vulnerable en su seguridad.

EFE
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