El ?caso Paya?, ocurrido a principios de agosto del año pasado en la provincia Peravia, es vendido por las autoridades como el buque insignia en términos de investigación criminal.
La causa y forma de muerte de los caídos, su nacionalidad e implicados, fueron los primeros datos ofrecidos acerca del fusilamiento de siete personas, seis de ellos de nacionalidad extranjera, en una situación vinculada con el tráfico internacional de drogas.
Que los responsables fueron atrapados y sometidos a la acción judicial y que suman más de veinte, fue otro dato proyectado por la Policía como una gran ?victoria?.
También que fueran apresados once altos oficiales de la Marina de Guerra ligados con los narcotraficantes masacrados.
Pero las preguntas flotan en el aire: ¿quién se quedó con la droga y el dinero envueltos en esa operación mafiosa? ¿Por qué si existe un cuerpo de inteligencia en la Marina de Guerra (G-2), nadie sabía de las operaciones de estos guardias marinos? ¿Cayeron todos los que tuvieron que ver con esa matanza?
?El país tendrá la oportunidad de conocer los resultados con lujo de detalles?, prometió el procurador general de la República, Radhamés Jiménez.
El pueblo sigue esperando los pormenores del caso Paya con la misma calma en que anhela conocer quiénes son los responsables del atraco a un camión de la empresa remesadora Vimenca Western Union, el 13 de marzo del 2000 y los asesinos del inspector de Aduanas Florentino Rosario, y Ángel Christopher Martínez, encargado de Aeronavegabilidad del Idac.
Cuando es cuestionada sobre el estancamiento de todos los casos que se supone deberá resolver, la Policía responde con estadísticas, o diciendo que no tienen recursos ni una estructura ajustada a estándares de países donde existen cuerpos investigativos, con tecnología de punta y con personal debidamente entrenados.
Sin embargo, esto no es excusa.
En el 2006, en la gestión policial de Bernardo Santana Páez, el Gobierno dispuso 80 millones de pesos para invertirlos en infraestructura tecnológica instalada por el Indotel. Parte de este dinero estaría destinado a reforzar la plataforma de tecnología y de información.
?Un caso tumba otro?
?Un caso tumba otro: se está investigando un caso de un atraco, pero viene un secuestro. Entonces, usted va a decir: bueno, todos los ciudadanos son iguales, es verdad; todos los casos son importantes, también es cierto. Pero hay un caso que hasta a ustedes mismos (los periodistas) les llama más la atención que otros?.
Esta fue la respuesta del subdirector de Investigaciones Criminales de la PN, Jacinto Minaya, al porqué de tantos casos olvidados.
Asegura que de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2008, esa unidad resolvió 5,081 casos, en la Capital y la provincia SD, y más de 8 mil a nivel nacional.
Homicidios echados al baúl de los recuerdos
Asalto a Vimenca Western Union
Este hecho ocurrió el 14/9/1999. Del dinero robado y de los dos guardianes muertos a balazos por los autores, la sociedad dominicana sigue sin saber absolutamente nada. Los que interceptaron el camión transportador de valores cargaron con cerca de RD$3 millones; vestían chalecos antibalas con las siglas DNCD.
Homicidio inspector de Aduanas
El 2/3/2006, desconocidos mataron a tiros al inspector de Aduanas Florentino Rosario. Se dijo que el deceso fatal de este funcionario estuvo ligada a la detección de un fraude millonario que involucraba a militares, policías, empresarios y encargados departamentales de Aduanas. El caso ha caído en una especie de limbo.
Asesinato de Christopher Martínez
Cuatro meses después de la muerte de Rosario, el miércoles 12 de julio, el país amaneció con la noticia de otra muerte igualmente impactante. Ángel Christopher Martínez, encargado de Aeronavegabilidad de Aeronáutica Civil, fue asesinado en horas de la mañana cuando se dirigía a su centro de trabajo.
Muerte del fiscal Peñaló
El 23 de noviembre de 2006, el fiscal adjunto de Sosúa, Teódulo Ceballos Peñaló, fue acribillado a balazos por agentes policiales y de la DNCD. Sobre él recayó una lluvia de balas que, según un informe elaborado por la comisión designada por la Procuraduría, pudieron evitarse si se hubiesen tomado otras medidas cautelares, antes de ejecutar una orden de captura.
http://www.elcaribecdn.com/articulo_multimedios.aspx?id=200023&guid=2F01AC95E22F4C45B11030F65080A97B&Seccion=63
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