Una parte apreciable de las tierras que tenía en San Juan de la Maguana el ex capitán Quirino Ernesto Paulino se ha convertido en un pastel apetecible para insaciables grupos de supuestos campesinos que se sienten con el derecho de invadirlas.

En las últimas dos semanas se han producido ocupaciones con apenas varios días de diferencia.

Los invasores detenidos han logrado que el obispado de San Juan de la Maguana abogue por su liberación, a pesar de que sus acciones constituyen una abierta violación a la ley y al derecho de propiedad, que corresponde actualmente a la Procuraduría General de la República, en virtud de un acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que juzga al ex militar por 1,387 kilos de cocaína, el mayor alijo de drogas decomisado en la República Dominicana
La más reciente ocupación se produjo la semana pasada, cuando agentes policiales tuvieron que intervenir para desalojar a 40 ocupantes ilegales que pretendían adquirir de hecho la posesión de los predios.

Hasta ahora la Procuraduría General de la República se ha mantenido firme en su postura de que no cederá ante el intento de los grupos dedicados a las sucesivas ocupaciones y que pretenden, además de los actos indebidos, que se les ponga en libertad sin la formulación de cargos.

Un detalle en particular que ha provocado suspicacia en las autoridades es el hecho de que las tierras de Quirino en la sección Pedro Corto, de San Juan de la Maguana, nunca fueron invadidas en los primeros cuatro años que siguieron al arresto de Quirino, ya que las ocupaciones solo comenzaron a raíz del anuncio de que el patrimonio territorial pasaría a ser administrado por el Estado dominicano a través de la Procuraduría para la construcción de una cárcel modelo donde los reclusos recibirían los beneficios de un innovador sistema de regeneración que incluirá facilidades para realizar tareas productivas y comerciales en un moderno centro de comercio y rehabilitación.

La Procuraduría está satisfecha con el apoyo que ha tenido de parte de la Policía para enfrentar a los ocupantes.

Actos serían ?dirigidos?

Por el modus operandi, el procurador Radhamés Jiménez cree que los ocupantes actúan bajo la dirección de terceros.

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