Treinta mil funcionarios cubanos estarían operando en Venezuela bajo la fachada de ?trabajadores de la salud?. La cifra fue aportada esta semana por el propio Fidel Castro en carta dirigida a Hugo Chávez.

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Decenas de despidos de personal altamente calificado se han producido en la última semana en el sector petrolero privado venezolano. Empresas que prestan servicios a PDVSA se han declarado en emergencia ante los retrasos en los pagos de la empresa estatal petrolera.

La abrupta caía de los ingresos petroleros, el cierre del flujo de créditos externos y el desvío de recursos de la empresa hacia gastos corrientes del gobierno (dentro y fuera del país) habrían minado las finanzas de la petrolera venezolana. PDVSA se ha declarado en mora ante sus proveedores lo cual está causando el éxodo de empresas de larga estancia en el negocio petrolero en Venezuela.

Incluso, la brasileña Odebrecht de especiales relaciones con el gobierno Chávez y que acarició la idea de convertirse en empresa de ingeniería petrolera para venderle servicios a PDVSA, habría clausurado estos planes.

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El pasado lunes, 09 de febrero, se produjo una reunión del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina (y Caribe) de la ONU. Durante el evento, la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, la mexicana Alicia Bárcenas, presentó un informe diagnóstico sobre las vías de impacto de la crisis económica mundial en las economías de la región.

Como parte de su presentación, Bárcenas mostró un cuadro comparativo sobre las decisiones de política económica asumidas por los gobiernos de la región, actualizadas al 30 de enero pasado, para hacer frente a ?la crisis internacional?.

Según el informe presentado en Washington, el único gobierno que no ha tomado acciones de ningún tipo es Venezuela. La presentación de Bárcenas está soportada en un trabajo de CEPAL sobre ?la reacción? de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe ante la crisis.

En el cuadro comparativo del informe, CEPAL sólo menciona una vaga ?intención? del Gobierno venezolano de ?mantener un activo programa de inversión pública.?

Todos los demás países han comenzado a implementar medidas fiscales, institucionales, monetarias, de política comercial para atender el impacto negativo de la recesión en los países más desarrollados.

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Inicialmente el gobierno venezolano sugirió que el ataque a la Sinagoga Tiferet Israel de Caracas, había sido ejecutado por activistas de la oposición dirigidos por algunos miembros de la comunidad judía, en un empeño de crearle mala imagen al gobierno.

La versión del autoatentado fue ampliamente difundida o insinuada por voceros y medios oficiales.

Por su parte, la comunidad judía organizada y sectores de la Oposición llamaron la atención sobre la coincidencia entre la profanación del templo, la sustracción de equipos de las oficinas y los grafitis dejados en las paredes, éstos últimos en correspondencia con la campaña contra Israel y la comunidad judía que el oficialismo ejecutó a raíz del reciente conflicto en Gaza.

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Según las revelaciones oficiales, la autoría material del asalto a la Sinagoga caraqueña fue de un grupo comando integrado por funcionarios de varios cuerpos policiales locales y nacionales, que dependen directamente del Ministro del Interior, Tareck El Aissami.

La hipótesis gubernamental del autoatentado o de que se trataba de una acción de la Oposición quedó sin sustento. Oficialmente el móvil del asalto habría sido el robo aunque hasta ahora oficialmente no se ha dado explicación al origen de los graffitis.

La comunidad judía habría optado por bajar el tono de la confrontación con el Gobierno, ante lo que se asomó como un éxito en la investigación policial que develó los autores materiales del hecho.

Alarmado ante el impacto negativo de la acción contra la Sinagoga en las encuestas electorales, el gobierno venezolano optó por comisionar al Canciller Nicolás Maduro como vocero oficial del caso, sacando de escena a El Aissami, quien en razón de su cargo es el responsable de la policía y de las relaciones con las Iglesias.

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La intervención de militares brasileños en la reciente operación de rescate de secuestrados por las Farc, fue dirigida desde Manaos por el general Augusto Heleno Pereira.

El general brasileño actualmente en el Comandante Militar de la Amazonía y, en consecuencia, jefatura las dos regiones militares en que se divide la Amazonía brasileña. Su cargo anterior fue el de Comandante de la misión multinacional de la ONU en Haiti.

En una entrevista con el periodista brasileño Aloisio Milani, el general Pereira desmintió a un reportero del canal oficial venezolano Telesur quien denunció acciones del gobierno Uribe para impedir el rescate de los secuestrados. El brasileño aseguró que ?No hubo ninguna interferencia en nuestra misión. No nos molestaron. También leí las noticias de que aviones hubiesen seguido los helicópteros, pero el único ruido de la historia fue el propio relato del reportero que comentó eso. Todo sucedió dentro de lo establecido. No tuvimos ninguna sorpresa en ese caso?.

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Intenso lobby estaría realizando Rusia sobre el gobierno de Lula da Silva para convertirse en el proveedor de los 36 aviones caza de última generación que Brasil se dispone a comprar.

El proceso licitatorio para la compra, cuya denominación es Proyecto F-X2, está bien avanzado. Desde octubre pasado, la Fuerza Aérea Brasileña dio a conocer la ?lista corta? de las empresas que fueron finalmente aceptadas para competir por la venta.

La semana pasada, de forma inesperada, el Ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, anunció que reabriría la licitación para permitir que Rusia presentara nuevamente su opción del Sukhoi 35.

El comité de la licitación había desechado la opción rusa, la cual figuraba en la lista larga de empresas. La decisión de Jobin fue tomada luego de que recibiera en Brasilia una visita de representantes de la corporación rusa Rosoboronexport, empresa que centraliza las exportaciones bélicas rusas.

La compra de Sukhi habría sido sugerida por Hugo Chávez a Lula da Silva, en varias ocasiones en los últimos tres años, según una fuente brasileña consultada.

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La compra de tres docenas de aviones de guerra es un negocio de US$ 2.000 millones, cifra importante en las contabilidades de cualquiera de los fabricantes, amén de la alianza geopolítica que se soldaría entre el país proveedor y Brasil.

Observadores internacionales han apreciado una creciente competencia entre Francia y Rusia en procura de los favores y los contratos brasileños. Ya Rusia logró venderle a la Fuerza Aérea Brasileña, a finales del 2008, 12 helicópteros Mi-35M. Francia por su parte, firmó un acuerdo de alianza estratégica con Lula da Silva.

El Informe de Edgar C. Otálvora