SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central ordenó el registro de derecho de propiedad a favor de dos personas de 3.4 millones de metros cuadrados de terrenos de la parcela 6-004-10866 del Distrito Catastral 10/1era del municipio de Higüey, que forma parte de una porción de 35 millones de metros cuadrados que el Estado reivindica como parte del Parque Nacional del Este.

Los terrenos adjudicados están valorados en US$19.9 millones.

Los jueces Néctor de Jesús Thomas Báez, presidente, Luz Berenice Ubillas Renville de Barinas, y Luis Marino Alvarez Alonzo, dispusieron registrar con sus mejoras, consistentes en matas de cocos, 2,431,059 metros cuadrados a favor de Daniel Antonio Minaya Rodríguez, a las compañías de inversiones Trubia S.A., y la Técnicas Eléctricas y Desarrollo Integral, conforme con los actos de ventas hechos por el adjudicatario a su favor.

Asimismo, 1,041,822 de metros cuadrados a favor de Juan Antonio Haché Khoury. El tribunal consigna que existe un acto de venta intervenido el 2 de noviembre del 2005 entre Minaya Rodríguez y la razón social comercial Inversiones Trubia de una porción de tres millones de metros cuadrados dentro del ámbito de la referida parcela. Confirma la sentencia del 9 de febrero del 2006, dictada por el Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, en relación con las posesiones dentro de la parcela No.6.

En cambio, rechaza los actos de venta de fecha 24 de marzo del 2004, de una porción de 4,700 tareas y del 2 de noviembre, de 300 hectáreas, hechos por Minaya a favor de la Compañía Técnicas Eléctricas y Desarrollo Integral, y la Compañía Inversiones Trubia.

De igual modo, se rechazaron las conclusiones incidentales del Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, quien solicitó la nulidad del proceso de saneamiento de los terrenos. Asimismo, fueron desestimadas las reclamaciones por no haber demostrado tener posesión material ni las condiciones de tiempo necesario para adquirir por prescripción adquisitiva, en cuanto a tres sucesores que reclaman las parcelas No. 004-26982 y 6-005-49, del referido Distrito Catastral.

Dispone que el secretario del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, una vez reciba los planos definitivos aprobados por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, correspondiente a la parcela No. 6-004-10866 del referido Distrito Catastral, proceda a expedir a la mayor brevedad el decreto de registro del inmueble.

Carlos Sánchez Hernández, implicado junto a unas 60 personas en un presunto fraude fiscal contra la Agencia Tributaria de España por 4.8 millones de euros, conocido como el caso Marbella, figura en la adquisición de una porción de tres millones de metros cuadrados en el lugar.

La adquisición del inmueble mediante un contrato de compra-venta y privilegio de vendedor no pagado, fue hecha por Ignacio Corona Ruiz, en nombre de Trubia.

"Es un acto ignominioso"

De inmediato, el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras, Fermín Casilla Minaya, advirtió que la sentencia constituye "una ignominia" y acusó al tribunal de convertirse en un "despojo".

Tras calificar la decisión como "una aberración jurídica", anunció que será recurrida en casación a los fines de que la Suprema Corte de Justicia devuelva al Estado esas porciones de terrenos.

"Es un acto ignominioso de despojo a la propiedad del Estado dominicano". Afirmó que el Parque Nacional del Este forma parte del dominio público del Estado.

"En consecuencia, no puede ser adjudicado a ningún particular, porque por mandato de Ley 64-00, en su artículo 33 y el 36 de la Ley 202-04 es intransferible, es inalienable y, por tanto, es imprescriptible", dijo.

Casilla Minaya manifestó que a los jueces le correspondía vigilar y normar el procedimiento, de modo que no se le adjudique a particulares tierras que son áreas protegidas.

"Cuando lo hacen de esta naturaleza, se han despojado de su condición de juez para favorecer a particulares". Manifestó que luchará porque se recupere el área protegida.

El tribunal de La Altagracia

El saneamiento fue ordenado en primer grado por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey. El Abogado del Estado alega que el área que se trata de sanear es protegida y está dentro de la jurisdicción del Parque Nacional del Este, que conforme con el artículo 33 de la Ley 202-04 es inalienable.

"En consecuencia, no podrán ser adjudicados a nombre de ningún particular, porque forma parte del dominio del Estado".

Para probarlo, solicitó al Tribunal ordenar a la Dirección General de Mensuras Catastrales que realice un levantamiento en la zona.

Asimismo, a la Secretaría de Medio Ambiente hacer constar si las parcelas objeto de saneamiento se encuentran o no dentro de la reserva natural.

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De Federico Méndez / Redactor Senior