Un nuevo escándalo golpea al espionaje colombiano

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se apresuró ayer a negar, en un comunicado, cualquier vinculación con el caso. "Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa", aclaró. El sábado, el senador opositor Gustavo Petro acusaba de forma tajante a Uribe de estar detrás del espionaje. "Es indudable que la orden proviene del presidente", afirmó Petro, que es supuestamente una de las víctimas.

No es la primera vez que la policía secreta colombiana, que depende directamente de la Presidencia, se ve envuelta en asuntos turbios. Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, tuvo que dejar su cargo en 2005 por los nexos del DAS con los grupos paramilitares y acabó en prisión. Hace justo cuatro meses, la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado, dimitió tras reconocer que algunos de sus agentes habían vigilado a políticos de la oposición. En 2007, Uribe destituyó a dos responsables policiales por un caso de escuchas ilegales.

El último escándalo, destapado el sábado pasado por la revista colombiana Semana, saca a la luz, si se confirman las acusaciones, una red corrupta de espías al servicio de grupos criminales. "No me cabe la menor duda de que ésta es una banda mafiosa", dijo Uribe, que manifestó que él y su entorno también fueron espiados y que se siente "víctima de esta infamia".

En el reportaje de la revista se denuncia que, entre el 19 y el 21 de enero, funcionarios del DAS ordenaron la destrucción de decenas de documentos, varios CD, discos duros de ordenadores y varios archivos confidenciales, por tener información sobre llamadas telefónicas interceptadas. Gran parte de esos archivos destruidos eran grabaciones, documentos secretos e informes de todo tipo sobre una gran variedad de personajes que estaban en el punto de mira de los servicios secretos.

Se trata de magistrados, periodistas, políticos de la oposición, fiscales... y hasta personas cercanas del Gobierno, como la secretaria privada de Uribe. Destaca el seguimiento a Iván Velásquez, juez estrella de la parapolítica (investiga la relación de los políticos con los paramilitares). Entre noviembre y febrero pasados, más de 2.000 llamadas del juez fueron rastreadas y también decenas de reuniones, según la información de Semana.

También han sido vigilados el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, que mantuvo discrepancias con Uribe, la senadora Piedad Córdoba y el mencionado Gustavo Petro. Entre los periodistas, destacan Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Félix de Bedout, de W Radio, cuyos correos electrónicos fueron interceptados, según Semana.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, confirmó ayer las informaciones y aseguró que detrás de las supuestas interceptaciones telefónicas están unas mafias que incluso han realizado escuchas a Uribe y sus más cercanos colaboradores.

Tras las denuncias, el director de los servicios secretos, Felipe Muñoz, aceptó el domingo pasado la renuncia del subdirector de Inteligencia del DAS, el capitán Jorge Alberto Lagos. Mientras tanto, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, ordenó registrar las instalaciones de los servicios secretos en Bogotá para buscar pruebas. El propósito principal de la investigación es saber quién está ordenando las escuchas telefónicas y quién está utilizando la información.