Por Marta Colomina - El Universal - Paradójicamente la hipertrofia ?legal? creada por los 26 decretos aprobados por Chávez a través de la Ley Habilitante han convertido a Venezuela en un país sin ley. Con este ?paquetazo? hasta el más lego percibe que a través de tan numerosas imposiciones inconstitucionales, Chávez ha ?legitimado? su condición de dueño absoluto de una hacienda que se llama Venezuela, en la cual los ciudadanos pasamos a ser sus reses y, en el mejor de los casos, sus peones. Escuchamos con estupor cómo la Fiscal General -que debería ser garante de los derechos ciudadanos- declara públicamente que esas 26 ?leyes? no tienen por qué ser sometidas a consulta o a debate, como establece la Constitución, a pesar de que las mismas violan derechos constitucionales inalienables. En Venezuela impera la ?ley? del revólver no solo por los controles impuestos por Chávez con la desvergonzada complicidad de unos poderes públicos arrodillados y prostituidos, sino por el caos social creado desde el Poder, bien por su ostensible ineficiencia en la solución de los problemas más elementales (como seguridad, salud y servicios públicos) o por la provocación de conflictos laborales con el fin de apoderarse de las empresas. Coca-Cola Femsa y GM son dos casos recientes, además de las orquestadas invasiones de fincas. Chávez dice que esas leyes van en beneficio del pueblo cuando en realidad su propósito es darle al gobierno el control absoluto sobre los alimentos y otros bienes con el fin de eternizar su revolución, como ha hecho Castro en Cuba. En la ?Ley para la Defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios? (como en la de Seguridad y Soberanía Alimentaria) se declara de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos, bienes y servicios declarados de primera necesidad. También declara como servicios esenciales las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos. Esta ley permite a Chávez apropiarse de las empresas Polar y de las restantes redes de producción y distribución agroalimentarias (incluidos los productores agropecuarios del país): ?El Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de bienes de las personas sometidas a la ley (que son todas), sin que medie para ello declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional?. La ley está plagada de sanciones y de controles que quedan al arbitrio de los funcionarios de Indepavis y de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, con funciones de espionaje como los CDR cubanos. Imaginémonos la hambruna colectiva si nuestra alimentación futura dependiera de la ineptitud productiva del chavismo. Los fundos zamoranos, las expropiaciones (El Charcote, La Marqueseña, etc.), las cooperativas, los proyectos de cogestión como Invepal e Invetex (?La producción no arranca en Invetex pero empleados cobran desde 2005?. El Nacional 30-08-08) han sido un rotundo fracaso. Con la nueva Ley de Régimen Prestacional de Vivienda nadie será propietario de su casa, sino adjudicatario. Esa ley paralizó el otorgamiento de los títulos de propiedad que estaban dando a los habitantes de los barrios algunos alcaldes. En esa ley no aparece en ningún lado el derecho a la propiedad privada, Todo es declarado como de utilidad pública, todo es discrecional, como señala el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Francisco Neri, quien precisa que con los más de $ 50 mil millones que el gobierno ha gastado entre las estatizaciones ($ 16.400 millones) y las ayudas a otros países ($ 37.798 millones) podrían haberse construido en Venezuela 832 mil viviendas nuevas y generado cinco millones de puestos de trabajo nuevos. Vemos en la televisión airados reclamos de obreros y empleados de la Maternidad Concepción Palacios y del JM de Los Ríos, además de las protestas nacionales por los apagones que continúan a pesar de las cuentos de Chávez en cadena nacional. Al desastre del servicio eléctrico sólo atribuible a la corrupción e impericia de estos diez años de revolución, a la inflación, el desabastecimiento y la inseguridad, se une la caída de la producción petrolera nacional y la ruina de nuestras refinerías que obligaron a aumentar en 41,4% las importaciones de gasolina en el primer semestre de 2008. Esa es la verdad de la Revolución minada por la corrupción e incapaz de solucionar los más elementales problemas del país. Las millonarias comisiones del ME (¡ay Aristóbulo!), de las gobernaciones de Cojedes y Vargas, de los tres últimos ministros de Finanzas, de figuras de la FAN y de los próceres de Pdvsa cantadas por los jilgueros Maiónica y Kaufman en el juicio mayamero del maletín dejarán la revolución al desnudo. Una revolución inepta y podrida.