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Venezuela a partir de la observación de un juicio
Por Martha Colmenares

INDEPENDENCIA JUDICIAL EN VENEZUELA
La administracion de justicia en la Republica Bolivariana de Venezuela analizada a partir de la observacion de un juicio.
(English text follows)

Washington DC, 27 de octubre de 2008. La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) concluyó la observación de un juicio de alta relevancia política en la República Bolivariana de Venezuela. Luego de las entrevistas sostenidas, los antecedentes recopilados y revisados, DPLF determinó violaciones al debido proceso en el juicio contra los acusados Ivan Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero (los 3 comisarios de la Policía Metropolitana), Arube Pérez, Julio Rodríguez, Erasmo Bolivar, Alfonso Zapata, Héctor Rovain, Marcos Hurtado, Neazoa López, Luis Molina (los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana). El informe concluye en que a los acusados se les han violado garantías básicas fundamentales, que el juicio se ha llevado a cabo sin la publicidad y transparencia requerida en un estado de derecho y que existen serios indicios sobre la falta de independencia de los jueces que han actuado en el caso.

El 11 de abril del año 2002 grupos opositores al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela llevaron a cabo una manifestación en la vía pública. Ella había sido autorizada para efectuarse en un lugar preciso, el cual se encuentra alejado del centro de Caracas donde se ubica el Palacio de Gobierno. Sin embargo, la manifestación se dirigió en esa dirección. En el camino los opositores al gobierno se encontraron con partidarios del Gobierno del Presidente Hugo Chávez y como consecuencia se produjeron enfrentamientos entre ambos grupos. Entre ambos grupos se encontraba la Policía Metropolitana. Producto de estos enfrentamientos murieron personas de ambos sectores. DPLF llevó adelante la observación del juicio relacionado en contra de 8 miembros de la Policía Metropolitana y 3 Comisarios del mismo organismo acusados por la muerte y lesiones sufridas por partidarios del Gobierno de Chávez.

DPLF examina las ramas judiciales de Latinoamérica e identifica su grado de transparencia, su nivel de rendición de cuentas y su independencia. Entre las actividades desplegadas por DPLF para este análisis se encuentran las observaciones de juicios que por su relevancia puedan demostrar avances o retrocesos en la administración de justicia de los países de la región.

El primer aspecto del derecho a un debido proceso consiste en ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. En este caso, DPLF determinó que el Poder Judicial en la actualidad carece de la adecuada independencia e imparcialidad frente al Poder Ejecutivo. Asimismo los jueces carecen de independencia interna toda vez que pueden ser removidos con facilidad cuando sus fallos no son compartidos por sus superiores, los que son particularmente afines al Gobierno. Particularmente en el caso del Sr. Ivan Simonovis DPLF manifiesta que el juez que ordenó su detención carecía de la imparcialidad e independencia necesaria toda vez que había sido abogado de una de las personas contra quien Simonovis habría ordenado disparar.. De igual forma constituye una violación a la imparcialidad del tribunal el que la Juez presidente del Tribunal Mixto que ve el caso se encuentre casada con un reconocido miembro del Partido Socialista Unificado de Venezuela.

En el informe de DPLF se critica la decisión de cambiar el lugar donde debía realizarse el juicio porque ello limita el acceso del público al juicio al hacerlo más dificultoso y costoso para que los ciudadanos de Caracas puedan asistir a las distintas audiencias.

De igual forma, DPLF considera que se les violó el debido proceso a los acusados al negarse por parte del Ministerio Público la entrega de copias de las prueba de cargo existente en su contra durante la etapa de investigación. El derecho de defensa también se violó por medio de la negativa del Ministerio Público a realizar determinadas diligencias solicitadas por la defensa.

Una dimensión particularmente crítica a la luz de la garantía a ser juzgados con respeto del debido proceso es el retardo injustificado en la resolución del caso al que se han visto expuestos los acusados. Especialmente si todos los acusados se encuentran privados de libertad por largo tiempo (más de 5 años en unos casos y más de 3 en otros). El que los hechos por los cuales se encuentran sometidos a juicio hayan ocurrido el 11 de abril de 2002 y que hasta la fecha no se haya dictado una sentencia definitiva es sintomático de la violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Pero dicha violación resulta más evidente cuando se toma en consideración que la República Bolivariana de Venezuela optó por un sistema de justicia criminal donde existe un juicio oral, público y contradictorio. Sistema en el cual se establece expresamente, por el Código que rige la materia, que las audiencias de juicio oral han de ser llevadas a cabo de forma consecutiva y hasta que se termine de rendir la prueba y el juicio oral propiamente tal comenzó el 20 de junio de 2006 y aún no concluye.

El Director Ejecutivo de DPLF al presentar el informe manifestó “Nuestra investigación ha determinado serias violaciones al debido proceso y fuertes elementos de sospecha sobre la independencia de los jueces que han actuado. Más allá de si los acusados son culpables o inocentes o la gravedad de las acusaciones, las violaciones que exponemos en nuestro informe son inadmisibles en un estado de derecho.”

El informe completo puede encontrarse en:
http://www.dplf.org/uploads/1227640933.pdf

JUDICIAL INDEPENDENCE IN VENEZUELA
The Justice Administration in the Bolivarian Republic of Venezuela: a trial observation perspective.

Washington DC, November 27th, 2008. The Due Process of Law Foundation (DPLF) carried out a trial observation of a highly relevant political case in the Bolivarian Republic of Venezuela. After conducting interviews and analyzing all the documents collected, DPLF concluded that the state violated the right to due process of all of the defendants, the three Metropolitan Police Commissioners: Ivan Simonovis, Henry Vivas, Lazaro Forero, and the 8 officers of the Metropolitan Police: Arube Perez, Julio Rodríguez, Erasmo Bolivar, Alfonso Zapata, Héctor Rovain, Marcos Hurtado, Neazoa López, Luis Molina. The report concluded that the defendants suffered violations to their basic fundamental rights, that the trail is being conducted without the publicity and transparency required by the rule of law, and that there exist serious questions as to the independence of the judges that have participated in the process.

On April 11, 2002, an opposition group to the President of the Bolivarian Republic of Venezuela held a protest on a public road. This protest had been authorized to take place in a preapproved location far from the downtown area of Caracas, where the central government offices (Palacio de Gobierno) are located. Nevertheless, the protesters marched towards the central government offices and along the route were confronted by a group sympathetic to the government of President Hugo Chavez. The Metropolitan Police was between the two groups. The heated confrontation between these two factions resulted in the death of a number of participants from both sides. DPLF carried out a trial observation in the case against 3 Commissioners and 8 members of the Metropolitan Police, charged with murder and assault of the Chavez sympathizers.

DPLF examines judicial systems in Latin America and identifies their level of transparency, accountability, and independence. Among the activities undertaken by DPLF for this analysis are trail observations of relevant cases that demonstrate advances or return to old regressive ways in the administration of justice throughout the region.

The first aspect of the right to due process includes the right to be judged by an independent and impartial tribunal. In this case, DPLF concluded that the current Venezuelan Judicial Branch lacks adequate independence and impartiality from the Executive Branch. Furthermore, judges lack internal independence as they may be easily removed whenever their sentences do not conform with the views of their superiors, who are even more sympathetic to the current government. Specifically, DPLF concludes that the judge that ordered Mr. Ivan Simonovis’ detention lacked the impartiality and independence needed since he previously represented one of the persons Mr. Simonovis is accused of ordering shot. At the same time, the defendants’ right to an impartial judge was violated as the presiding Judge of the Tribunal responsible for this trial is married to a well-known member of the Partido Socialista Unificado de Venezuela.

The DPLF report also criticizes the decision to grant the change of venue request since it limited the public’s access to the trial proceedings and increased transportation costs ? particularly for those from Caracas- to attend the hearings.

Furthermore, DPLF’s report argues that the defendants’ right to due process was violated when the Public Prosecutor refused to provide copies of the existing evidence against them during the investigative stage, and their right to defense was violated when the Public Prosecutor consistently refused to entertain multiple requests made by the defense team.

A critically important dimension of due process is the right to a speedy trial. DPLF concluded that this right was also violated through unjustified delays in the trial. This violation is particularly significant as the defendants were held in pretrial detention for an extended period of time –more than 5 years in some cases, and over 3 years in others). The fact that the events for which they are being tried occurred on April 11, 2002, and to date, there is no definitive sentence is an absolute violation to the right to a speedy trial. This violation is even more evident considering the fact that the Bolivarian Republic of Venezuela chose to implement a criminal justice system providing for open, oral and accusatory trials. Their criminal code expressly establishes that all hearings of an oral trial should be performed in a consecutive manner until all the evidence has been presented. The trial officially began on June 20, 2006, and is still has not concluded.

DPLF’s Executive Director Eduardo Bertoni, on release of the report, stated that: “Our investigation has determined serious violations to the due process in this case. Furthermore, the report identifies serious concerns regarding the independence of the judges who participated in this trial. Beyond whether the defendants are guilty or not and the seriousness of the accusations, the violations identified in our report are inadmissible under the rule of law.”

The complete report can be found at:
http://www.dplf.org/uploads/1227640933.pdf
3/12/2008
Publicado en Diario de América

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