CARACAS -- El presidente venezolano Hugo Chávez dio el jueves un enorme y riesgoso paso hacia su objetivo confeso de encarcelar a su ex rival por la presidencia, Manuel Rosales.

La Fiscalía General acusó a Rosales, actual alcalde de la ciudad de Maracaibo, de enriquecimiento ilícito y solicitó el jueves su arresto preventivo.

En diciembre, Chávez anunció públicamente que estaba "decidido a meter a Manuel Rosales en la cárcel''. Antes de las elecciones regionales de noviembre, había amenazado con lanzar "un plan militar'' contra Rosales si éste ganaba la alcaldía. El mandatario también ha amenazado con ??borrarlo [a Rosales] del mapa político''.

Al conocer la orden de arresto, el líder opositor replicó que la acción responde a "una orden'' de Chávez, a quien tildó de "cobarde''.

"Chávez ordenó esto a la Fiscalía porque es un cobarde aferrado a los pantalones de los militares... se siente apoyado por los cañones, las fragatas y las armas'' de la Fuerza Armada, ??que tendrá que reaccionar algún día ante sus actitudes dictatoriales'', declaró Rosales durante un acto en la Alcaldía de Maracaibo ante cientos de seguidores.

"Es demasiado el abuso... pero se ha equivocado conmigo y con el pueblo que sabe dónde están los grandes ladrones. ¿Por qué no investiga a su padre, a su madre, a su familia, a sus ministros'', contra quienes sí hay "pruebas contundentes'' de corrupción, continuó Rosales.

"Nos vamos a alzar. No te estés equivocando [Chávez] porque estás jugando con candela'', amenazó el alcalde.

La medida contra Rosales, quien se enfrentó al mandatario en las elecciones del 2006, coincide con una serie de acciones que han tomado en los últimos días Chávez y la Asamblea Nacional para quitarle a los estados controladas por la oposición el manejo de las autopistas, puertos y aeropuertos, y pasarlas a manos del Ejecutivo.

Rosales, quien fue elegido alcalde en las elecciones regionales de noviembre, ha encabezado junto con el gobernador del estado occidental del Zulia, Pablo Pérez, una cruzada contra las medidas del mandatario y de la Asamblea Popular, integrada en su mayoría por aliados de Chávez.

"Me quieren callar, me quieren silenciar, me quieren borrar de la política, me quieren liquidar por los caminos verdes [vías ilícitas], pero yo lo voy a enfrentar igualito'', afirmó el dirigente.

La fiscal Katiuska Plaza dijo a la prensa que presentó el jueves ante un tribunal la acusación contra Rosales por el delito de "enriquecimiento ilícito'' cuando fue gobernador del Zulia entre el 2002 y el 2004.

Plaza explicó que además pidió la detención de Rosales. La fiscal justificó la medida señalando que lo hizo basado en las pruebas que recopiló.

Explicó que de acuerdo con las leyes el alcalde opositor podría ser condenado de 3 a 10 años de prisión.

La Fiscalía General dijo en un comunicado que el proceso contra Rosales se basó en un informe que presentó en julio del 2007 la Contraloría General sobre la declaración jurada de patrimonio que realizó como gobernador.

"Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto del 2007, concluyó que Manuel Rosales registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor'', agregó el escrito.

Rosales rechazó de inmediato la acción de la Fiscalía General.

"Este no es el Ministerio Público, esa es una orden de Chávez que la dio desde finales del año pasado y ha estado insistiendo en ese tema porque como todos sabemos en Venezuela no funcionan los poderes. Todos están doblegados ante la actitud militarista'', agregó.

Aunque las cortes y la fiscalía son nominalmente independientes del poder ejecutivo, en la práctica han estado siguiendo los dictados del presidente.

El año pasado, el grupo independiente Human Rights Watch aseguró que Chávez había, en efecto, ??neutralizado el poder judicial como rama independiente del gobierno'', acusación que el gobierno niega enfáticamente.

El politólogo Ricardo Sucre dijo que el proceso emprendido contra Rosales, así como las regulaciones que aprobó la Asamblea Nacional para quitarle a la gobernación opositora del Zulia las autopistas, puertos y aeropuertos, buscan "generar conflicto para poner al Zulia a prueba''.

Por su parte, el editor y comentarista político Fausto Masó atribuyó la acción contra Rosales a un deseo de Chávez de "inspirar miedo'', aunque agregó que la jugada del mandatario era riesgosa.

"Rosales no se va a ir del país'', dijo Masó a The Miami Herald. "Y esto puede causar problemas en el Zulia''.

De hecho, el estado controlado por la oposición, con un largo historial de resistencia al control del gobierno central, ya está alzado contra la decisión de Chávez de enviar al ejército a tomar los puertos y aeropuertos que habían sido administrados durante las últimas décadas por las autoridades estatales.

La medida, que la oposición considera una descarada violación de la vigente Constitución de 1999, ha provocado una fuerte reacción de los alcaldes y gobernadores opositores que el miércoles anunciaron un frente unido en defensa de la Carta Magna y un plan para organizar protestas populares.

"Por primera vez, estamos viendo a los alcaldes y gobernadores de la oposición unidos'', observó Masó. "Y el tono de sus discursos es mucho más agresivo ahora''.

El Nuevo Herald

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