Con los decretos leyes, el poder popular gana más que si se hubiese convertido en otra rama del poder público.

Son muchas y diversas las funciones atribuidas a los consejos comunales a través de la Habilitante: La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria dispone que, junto con el Ejecutivo nacional, los consejos comunales tienen la tarea de determinar "los niveles de consumo comunal por rubro"; es decir, que se come de cada cosa disponible en cada comunidad. La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se reconoce a los consejos comunales como "la instancia para velar por el control, monitoreo, verificación y vigilancia relativa al abastecimiento de bienes y servicios de interés colectivo, en toda la cadena de producción, distribución y consumo".

También están facultados para recibir quejas y sugerir la aplicación de sanciones. La Ley Orgánica de la Administración Pública admite la posibilidad de transferir "potestades públicas" a los consejos comunales, en aras de la eficiencia. La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional indica que los organismos de seguridad informarán a los consejos comunales sobre su desempeño "de manera oportuna, veraz e imparcial". Las policías deben atender las recomendaciones de los consejos comunales. Se crea el servicio de policía comunal.

La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece la creación y consolidación de los comités de defensa integral de los consejos comunales, con la participación de la milicia. Los consejos comunales proporcionarán información a la milicia para la elaboración de los planes, programas, proyectos de desarrollo integral de la nación y movilización nacional.

El Nacional

Consejos comunales reciben privilegios legales

Con los decretos leyes, el poder popular gana más que si se hubiese convertido en otra rama del poder público.

Quizás pocos recuerden que uno de los primeros decretos leyes dictados por el presidente Hugo Chávez para consolidar el poder popular (en el mismo sentido que le dio en el proyecto de reforma constitucional) es la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, publicada en la Gaceta Oficial del 5 de octubre de 2007.

El artículo 48 establece que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia debe contar con la opinión "favorable y vinculante" de los consejos comunales para otorgar permisos y fijar horarios para la venta de licores. La administradora de una licorería de Cagua lo explica en forma sencilla: "Antes este tipo de trámites correspondía a la alcaldía. Ahora estoy obligada a caerle bien a los del consejo comunal, porque si no me cierran el negocio".

El abogado Luis Herrera Orellana, quien junto con Victorino Márquez Ferrer, elaboró un exhaustivo y revelador estudio comparativo de la reforma constitucional rechazada el pasado 2 de diciembre y el conjunto de decretos leyes dictados por el Presidente vía habilitante, explicó que con la multiplicidad de atribuciones conferidas a los consejos comunales se confunde la participación ciudadana con la corresponsabilidad en la gestión pública: "El ejercicio del derecho a la participación ciudadana no puede ser usurpado por el Estado. Y eso ocurre cuando el Estado convierte a los ciudadanos en funcionarios públicos, en empleados dependientes del desembolso de recursos públicos".

El docente de la Universidad Central de Venezuela dio un ejemplo. El artículo 132 de la Ley Orgánica de la Administración Pública permite la celebración de "compromisos de gestión" entre organismos públicos y consejos comunales. La norma estipula que los consejos comunales manejarán fondos públicos y, por tanto, han de estar sometidos al régimen de control fiscal.

En la práctica, la informalidad en la asignación, ejecución y supervisión presupuestaria ha despertado suspicacias sobre la actuación de los consejos comunales. Con la consagración del poder popular como una nueva rama del poder público, tal informalidad se reduciría al máximo y operaría el rigor de la fiscalización aplicable a toda la administración pública.

El artículo 17 de la ley contra el acaparamiento, publicada en la Gaceta Oficial del 31 de enero de 2008 y derogada por la promulgación de los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a los bienes y servicios, establece que el Fondo Nacional de los Consejos Comunales recibirá el producto de lo que se recaude por la aplicación y cobro de multas y por ventas de bienes que se hayan decomisado o trasladado por supuesto acaparamiento.

Márquez Ferrer comentó que este fue uno de los primeros decretos leyes dictados en ejercicio de la habilitación legislativa al Presidente de la República, seis meses y medio antes de que formulara su propuesta de reforma constitucional: "Parecía que estaban contando los pollos antes de nacer, que daban por hecho la aprobación de los cambios de la Constitución para institucionalizar el socialismo".

Los decomisos, acotó el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, proliferarían con la nueva concepción de la propiedad privada, propuesta en la fallida reforma.

La otra gran fuente de financiamiento de los consejos comunales, lograda a través de una ley formal, son los recursos provenientes de los ingresos excedentarios por alza de los precios del petróleo. Expresamente, la norma indica que "serán destinados por el Ejecutivo nacional a la ejecución de proyectos de desarrollo de infraestructura, de producción y desarrollo social y al fortalecimiento del poder comunal".

De acuerdo con el estudio de Herrera Orellana y Márquez Ferrer, al Gobierno le habría resultado más fácil el financiamiento de los consejos comunales si actúan con flexibilidad en diversos ámbitos de la administración pública. Si hubiese sido consagrado como un nuevo órgano del poder público tendría que enfrentar mayor burocracia en la búsqueda de recursos presupuestarios.

Un ejemplo del alcance de tal flexibilidad en el manejo de fondos públicos por parte de los consejos comunales tiene que ver con la posibilidad de adoptar las modalidades de selección de contratistas que consideren más convenientes y de rescindir contratos unilateralmente, sin intervención judicial. La ventaja sobre el resto de la administración pública se logró a través de la habilitante, específicamente de la Ley de Contrataciones Públicas, vigente desde el 25 de marzo de 2008.

El Nacional
Edgar López
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/3031/1/

BORRASCA EN PERSPECTIVA

Lo que los analistas petroleros han estado vaticinando desde hace unos meses comienza a convertirse en una cruda realidad: la baja de los precios del petróleo ha echado a andar, y difícilmente será contenida por unos productores incapaces de poner orden en sus cuentas. Y un mundo desarrollado decidido a frenar el empuje especulativo de los precios. En un mes, la cotización de la cesta venezolana ha descendido en $ 18, 53. Multiplicado por los barriles producidos y exportados por PDVSA, tal cantidad se traduce en cifras francamente alarmante. Pues si al precio de hoy el crudo venezolano se cotiza en %107,93, téngase por seguro que el gobierno está gastando el equivalente a $130 o $140. Y de seguir esta tendencia, en septiembre el precio de la cesta bien puede no sólo haber rebajado la cifra mágica de los $ 100. Puede estar en $ 90 o incluso menos.

Es el arma de doble filo de basar toda una política nacional e internacional, revolucionaria y expansionista, clientelar y populista en el maná petrolero y la magia de precios exorbitantes. Según analistas políticos y económicos, el gobierno de Hugo Chávez requiere de un piso petrolero mínimo de $ 120 el barril. Sólo con ese piso puede mantener encendidas las calderas de su popularidad y seguir influyendo en la región. Por debajo de ese precio, la opción es muy sencilla: o se le sigue regalando dinero a Evo Morales, a Rafael Correa y a Daniel Ortega o se administra la casa y se pone atención a las propias finanzas. De no hacerlo desde ahora mismo, la catástrofe podría reventarle en el rostro mucho antes de lo esperado.

Pero no es sólo la política internacional del régimen, basada en la compra indiscriminada de conciencias, la que estaría a punto de hacer crisis. Es la inyección desaforada de dinero al funcionamiento de las misiones, a la compra enloquecida de armamento, al financiamiento de la campaña electoral, al mantenimiento de una maquinaria clientelar que ha rebasado todas las cotas de seguridad. Pues el incremento de los gastos y el endeudamiento fiscal, constituyen referencias inevitables y ejercerán su potencia obstructora y asfixiante en cuanto comiencen a hacerse públicas las cifras rojas de nuestra hacienda.

Por todas partes se asoman los indicios de una grave crisis fiscal y financiera. Al freno del crecimiento ? absolutamente artificial, por cierto, y decidido en los mercados petroleros internacionales antes que en las bases estructurales de nuestra propia economía ? se suma tanto el desabastecimiento, como la inflación desatada y el desempleo.

Si, como todo indica, el precio del petróleo venezolano rondara los $ 90 el barril dentro de uno o dos meses, la crisis fiscal aumentaría exponencialmente y el gobierno se encontraría a las puertas de un grave colapso. Dada la influencia directa del precio del barril sobre la temperatura social de nuestro país, todo indica que las próximas elecciones se celebrarían en un clima de máxima volatilidad. Y que la explosión social y política que tantos auguran coincidiera con la asistencia a las urnas en regiones, estados y alcaldías.

No hay que ser un genio para predecir los resultados: una derrota aplastante del régimen y la aparición no sólo de graves conflictos regionales, sino de nuevos liderazgos, ajenos al poder manipulativo de Caracas. Tiempos de borrascas en perspectiva. Sin duda ninguna.

Antonio Sánchez García